El PIVG recurre en el tribunal de lo contencioso administrativo, la contratación de los servicios de limpieza de la empresa Valoriza , del grupo Sacyr.
En el mes de noviembre de 2020 se nos dio cuenta de un decreto, en el que el alcalde
adjudicaba a la empresa Valoriza Servicios Ambientales del grupo Sacyr, por cerca de 12
millones de euros, un contrato por cuatro años para refuerzo de los servicios de limpieza.
En el mes de diciembre, el PIVG, ya manifestamos en los medios de comunicación que la
contratación del personal para este servicio sería a cargo de la empresa, sin un proceso de
selección público, siendo uno de los motivos por los que no estábamos de acuerdo con este
contrato, porque intuíamos que podría ser un caladero de enchufismo, y parece que
supuestamente, así ha sido.
A las pocas semanas las redes sociales, se inundaron de un gran escándalo poniendo hasta con
nombre apellidos y parentescos de contrataciones de una gran cantidad de personas,
familiares de los concejales de gobierno y allegados al PSOE, muchos de ellos son conocidos
militantes y colaboradores del partido, en una población relativamente pequeña.
Ante la alarma de escándalo social y como el expediente de contratación no había pasado por
pleno y aunque ya manifestamos lo que podría pasar en la contratación de personal, no nos
equivocamos en nuestras supuestas manifestaciones públicas al respecto.
Desde el PIVG, comenzamos nuestra labor de fiscalización porque solo teníamos conocimiento
de un decreto del alcalde y como además en los procesos de contratación, existen los
informes jurídicos que avalan las contrataciones, comprobamos que la adjudicación no había
sido realizada por el órgano competente, que en este caso es el Pleno al que le corresponde,
ya que aunque no supera el plazo de 4 años de contratación, motivo por el que el alcalde
había fijado el mismo para evitar el control del pleno y firmarlo por decreto, resulta que por el
importe de casi 12 millones de euros en ese período, supera los 6 millones establecido por la
ley de contratación y de bases de régimen local , como cantidad máxima que el alcalde tiene
competencia para contratar en este caso .
Puesto de manifiesto en el debate del pleno del mes de enero sobre este asunto esta
ilegalidad, en el siguiente pleno de febrero, intentando de una forma retorcida en base a un
informe de la secretaria que discrepa y repara i la interventora general, como un acto nulo de
pleno derecho, trajeron un punto al pleno para con carácter retroactivo ratificar todo lo que
había realizado el alcalde, como si hubiese sido en la práctica un defecto de forma.
Como no puede ratificarse ni dar autorización para un acto nulo de pleno derecho, como
anunciamos en el pleno, hemos puesto un recurso contencioso administrativo, solicitando la
anulación de esta contratación y que se tenga que repetir desde el inicio y con la debida
trasparencia en las contrataciones del personal para que todos los sanroqueños tengan las
mismas posibilidades de empleo y no solo como aquí ha resultado , que la gran mayoría de los
contratados, han sido familiares y allegados del alcalde y concejales del PSOE y colaboradores.
Redacción Diversa Online
